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El alto mando militar boliviano  jura ante la presidenta transitoria Jeanine Áñez, durante un reajuste de cargos realizado en febrero de 2020. (ABI).

Tras protesta de la COB, sectores de derecha se re-articulan para suspender indefinidamente las elecciones.

La Paz, 15 de julio de 2020

Boya.News – Decaído por un tercer lugar con tendencia a la baja en las encuestas previas de las elecciones del 6 de septiembre, múltiples denuncias de presunta corrupción y evidentes problemas para enfrentar la pandemia del coronavirus, el Gobierno de Jeanine Áñez optó por buscar fortaleza en las Fuerzas Armadas y pasar a un ataque frontal contra el Movimiento al Socialismo, cuyo candidato se mantiene como favorito para los comicios.

El ministro de Defensa, Fernando López, lanzó furibundos ataques contra la Asamblea Legislativa al anunciar el miércoles que, por decreto, el Gobierno aprobó los ascensos a generales y almirantes de las Fuerzas Armadas, una atribución que la Constitución reconoce sólo a la Cámara de Senadores.

El ministro -ratificado tras una censura parlamentaria a principios de año- acusó al MAS, que tiene mayoría en ambas Cámaras legislativas, de “frenar el ascenso de los militares que deben ascender a generales” remarcando que “el MAS pretende castigar a las Fuerzas Armadas por haberse puesto del lado del pueblo en noviembre de 2019” (cuando pidieron la renuncia del presidente Evo Morales).

Además, López afirmó que “la Asamblea insiste en frenar todo lo que le interesa a los bolivianos y a las bolivianas”.

ATAQUE A ALP

“La verdad y esto hay que decirlo de manera absolutamente contundente, la Asamblea está contra el pueblo, definitivamente, no duden, pero el gobierno está con el pueblo”, proclamó el ministro.

La versión de las autoridades del Senado es que se presentaron denuncias de supuestas irregularidades en algunos ascensos y en otros casos se solicitó documentos legales que no sean fotocopia, por lo que ese trámite está pendiente.

El Gobierno acusa también al legislativo por no aprobar créditos internacionales, como el del Fondo Monetario Internacional por 320 millones de dólares, dinero que, supuestamente, serviría para crear nuevos bonos para la población. La versión de los legisladores es que ese crédito está atado al compromiso de “flexibilizar el tipo de cambio” (devaluación), apenas termine la emergencia sanitaria.

NO ELECCIONES

También es agresiva la campaña por la suspensión de las elecciones ya definidas para el 6 de septiembre, comicios a los que se opone el Gobierno de Jeanine Añez, que la postula como candidata presidencial pero que no puede remontar el tercer lugar con tendencia a la baja, según encuestas. Se unieron a esa campaña los candidatos con menos perspectivas de votación, Jorge Quiroga, Fernando Camacho, Chi Hyun Chung y Ruth Nina, con los que cinco de los ocho aspirantes presidenciales que ahora no quieren elecciones en septiembre.

PELEA DE CANDIDATOS

El candidato Carlos Mesa, segundo en las encuestas después del MAS, calificó de “hipócritas” las posturas de los candidatos con menores expectativas, afirmando que el día de voto la gente tendrá más protección de bio seguridad que en una jornada común.

El candidato Fernando Camacho (quinto en las encuestas), solicitó al Secretario General de la OEA, Luis Almagro, se pronuncie a favor de la suspensión de las elecciones. El ex presidente Evo Morales, replicó que, si eso ocurre, sería un segundo golpe contra la democracia e injerencia en los asuntos internos del país.

Los comités cívicos, muy activos durante el cambio de gobierno de noviembre, anuncian una reunión para el martes próximo, para exigir la suspensión de las elecciones, caso contrario, instruirán “desobediencia civil”.

COB ADVIERTE

La Central Obrera Boliviana, fortalecida por la masiva respuesta a su convocatoria de protesta antigubernamental del martes, replicó que los trabajadores vam a “hacer cumplir que, en septiembre, sí o sí, deben realizarse las elecciones nacionales”. “Necesitamos en este momento un gobierno elegido democráticamente”.

Y la bancada legislativa del MAS, mediante su diputada Betty Yañíquez, reclamó que el cumplimiento de la ley, como es el caso de la verificación de elecciones el 6 de septiembre, según Constitución es de cumplimiento obligatorio desde su publicación. Y citó el artículo cuarto de la Ley de Régimen Electoral: “el ejercicio pleno de los derechos políticos conforme a la Constitución Política y la ley no podrá ser restringido, obstaculizado ni coartado por ningún a autoridad pública, poder fáctico, organización o persona particular”.

Editor/Boya

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