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Su uso, todavía no avalado por la Asamblea, está condicionado a recorte de gastos y control del déficit, sin descartar una futura devaluación.

La Paz, 21 de julio de 2020

Boya.News – Como deudor dispuesto a casi todo para salir de apuros, el Gobierno de Jeanine Áñez ha prometido disciplina y obediencia al Fondo Monetario Internacional (FMI), incluso recortes de gastos sin descartar una futura devaluación, a cambio de un crédito de 327,2 millones de dólares que ahora quema las manos de las autoridades transitorias.

El contrato aún no fue aprobado por el parlamento, pero ese dinero ya está en las cuentas del Banco Central de Bolivia.

Documentos oficiales revelan que, en contraste con la política económica que tuvo Bolivia en la década pasada, el Gobierno transitorio declaró abiertamente su disposición a mantener una relación estrecha con el FMI, aceptando las tradicionales recetas de ajuste que implican, entre otras cosas, despidos en el sector público.

El gobierno de Áñez, tras varias semanas de campaña de desprestigio y presión contra la Asamblea Legislativa, jugó su mejor carta, la de la propia Presidenta, que la noche del domingo 19 anunció un nuevo bono de 500 bolivianos (bono salud), si la Asamblea aprueba ése y otros créditos. “Es una canallada”, dijo sobre la demora parlamentaria en aprobar los créditos externos, durante una entrevista por televisión.

LO QUE USTED DIGA

Con fecha 10 de abril de 2020 y la firma del Presidente del Banco Central, Guillermo Aponte, y del entonces Ministro de Finanzas José Luis Parada, el Gobierno boliviano solicitó al FMI el crédito en un documento denominado “Carta de Intención” en la que afirmó que el dinero servirá para enfrentar la pandemia.

En el punto 6 el Gobierno transitorio compromete: “(…) de ser necesario y una vez superada la crisis sanitaria inmediata, tomar medidas adicionales en materia de ingresos y gastos para que nuestra posición fiscal sea congruente con la disponibilidad de financiamiento y para afianzar la sostenibilidad constante de la posición de nuestra deuda pública”.

En el punto siguiente, el Gobierno declara “la intención de mantener un diálogo abierto con el FMI para evaluar más a fondo soluciones a nuestras dificultades de balanza de pagos en las semanas y los meses venideros” para “dejar asegurada una estabilidad macroeconómica ininterrumpida”.

LO QUE SE DEBE HACER

El 13 de abril (tres días después de la solicitud), el FMI emitió el documento “Bolivia, Solicitud de Asistencia Financiera en el marco del Instrumento de Financiamiento Rápido”, donde en dos puntos, en la página uno del resumen ejecutivo y en la página 12, de recomendaciones políticas, se señala:

“El personal técnico del FMI concuerda con la opinión de las autoridades sobre la necesidad de mantener la estabilidad del tipo de cambio durante la crisis, aunque considera que una transición gradual hacia una mayor flexibilidad del tipo de cambio a mediano plazo contribuiría a relajar las restricciones fiscales y aliviaría la presión sobre las reservas internacionales”.

“Las estimaciones del personal técnico del FMI ubican el nivel sostenible a largo plazo del déficit fiscal general en torno al 3% del PIB, e indican que un régimen de tipo de cambio fijo exigiría un control presupuestario más estricto que uno flexible”.

Estas recomendaciones que tienen que ver con reducción del déficit fiscal fueron aplicadas en Argentina durante el reciente gobierno de Mauricio Macri y en lo básico significan reducción del gasto público con despidos masivos de funcionarios, cierre de empresas y “flexibilidad del tipo de cambio” o devaluación de la moneda.

Puntualmente, la Carta de Intención de Bolivia al FMI (punto 5) preveía en abril gastos extraordinarios de casi 750 millones de dólares en salud y bonos de alivio, a la par de una reducción de 330 millones de dólares en las inversiones de las empresas públicas.

Estas son algunas de las condiciones que rechazan los parlamentarios que, además, afirman que los documentos oficiales no les fueron facilitados por el Poder Ejecutivo.

HECHO ESTÁ

Un documento oficial del Banco Central de Bolivia, con el título “Bolivia: Estado de la deuda externa pública de mediano y largo plazo, al 30 de abril de 2020, en millones de dólares, revela que, en el mismo mes de abril, el FMI desembolsó los 327.2 millones de dólares del polémico crédito.

Los $US 327 millones contratados llegaron a las cuentas oficiales sin autorización del parlamento.

En el punto 1 de “Préstamos multilateral”, en la columna uno de saldo al 31 de diciembre de 2019, figura cero. En la columna dos de “desembolso”, figuran los 327.2 millones de dólares. En la columna siete de “saldo al 30 de abril de 2020 figuran 327.5 millones de dólares. Y en la columna 10, de saldo por desembolsar, figura cero.

LA URGENCIA

La urgencia con que el gobierno de Añez exige la aprobación de créditos internacionales, incluido el del FMI, es que el finero fue recibido en transgresión a la Constitución Política del Estado que, en el artículo 158 sobre Atribuciones de la Asamblea Legislativa dice: “10. Aprobar la contratación de empréstitos que comprometan las rentas generales del Estado y autorizar a las universidades la contratación de empréstitos”.

Y en el artículo 159 señala que la la Cámara de Diputados tiene entre otras atribuciones: “9. Iniciar la aprobación de la contratación de empréstitos que comprometan las rentas generales del Estado, y la autorización a las universidades para la contratación de empréstitos”.

“Pónganse la mano al pecho”, dijo la Presidenta dirigiéndose a los parlamentarios del MAS.

Carta de intención del Gobierno boliviano al FMI

Sra. Kristalina Georgieva Directora Gerente

La Paz, Bolivia 10 de abril de 2020

Fondo Monetario Internacional Washington, D.C. 20431

Estimada Sra. Georgieva,

  1. Bolivia, al igual que el resto del mundo, sufre el profundo impacto de la pandemia del COVID-19, a pesar de haber detectado una cantidad apenas pequeña de casos. Los principales canales a través de los cuales hemos sentidos esos efectos son dos. Primero, nuestros términos de intercambio han empeorado significativamente en medio del colapso de los precios del petróleo. Tenemos la ventaja de que pasará un tiempo hasta que entren en vigor cambios a las cláusulas de precios de nuestros contratos de gas natural. Aun así, prevemos una pérdida significativa en el ingreso de divisas debido a la caída de los precios internacionales de los hidrocarburos en los próximos 6–12 meses. Segundo, las condiciones extremas imperantes en los mercados financieros internacionales han producido una interrupción repentina de las entradas de capitales en Bolivia y probablemente nos impedirán acceder al financiamiento internacional para atender las necesidades del sector público o del sector privado durante un período indeterminado.
  2. Además de estos efectos de rebalse generalizados generados por los acontecimientos de alcance mundial, enfrentamos en nuestro propio país una necesidad fiscal significativa derivada de la necesidad de incrementar de inmediato el gasto dedicado tanto a la contención como al tratamiento de las personas que han contraído el COVID-19. De hecho, ya hemos anunciado planes para fortalecer rápidamente la capacidad de nuestro sistema de salud, sobre todo ante casos respiratorios de emergencia. Más allá de estas medidas directas destinadas a prioridades de la salud pública, hemos dado a conocer medidas de respaldo a los miembros más vulnerables de la población, como pagos directos de alivio a hogares vulnerables con niños, recortes de algunos pagos por servicios públicos y un diferimiento del pago de deudas de hogares y empresas en el sistema financiero. Prevemos que estas necesidades de gasto añadirán de por sí un 1,8% del PIB al déficit fiscal en un momento en que la actividad experimenta una marcada desaceleración y en el que las fuentes de ingresos se ven comprometidas porque los contribuyentes se enfrentan a circunstancias difíciles. Dado que importamos del extranjero gran parte de nuestros equipos médicos, estos gastos se traducen directamente en presiones al alza sobre el déficit comercial.
  1. Nuestras proyecciones preliminares llevan a pensar que el crecimiento del PIB real en 2020 podría disminuir a -2,9% debido al shock negativo en la oferta y la demanda generado por la pandemia del COVID-19. Es probable que nuestro déficit fiscal alcance al 7,3% del PIB este año (frente al 7,2% del PIB registrado en 2019), lo cual requerirá sustanciales esfuerzos para reasignar recursos presupuestarios que antes estaban destinados a gastos poco prioritarios. Prevemos que el déficit en cuenta corriente podría alcanzar al 4,6% el PIB este año. Sin embargo, prevemos que la inflación se mantendrá contenida en torno al 2,3% en 2020.
  1. En vista de lo precedente, el gobierno de Bolivia solicita un financiamiento de emergencia del FMI por el equivalente a DEG 240,1 millones (alrededor de US$332 millones), lo cual corresponde a una compra del 100% de nuestra cuota en el marco del Instrumento de Financiamiento Rápido (IFR). La asistencia financiera del FMI nos ayudará a afrontar las urgentes necesidades de la balanza de pagos y en materia fiscal que están asociadas a las mayores necesidades de gasto sanitario, la caída de los términos de intercambio y la imposibilidad de financiarnos en los mercados internacionales. En este sentido, nos comprometemos a ceñirnos a las prácticas óptimas en materia de contratación pública y adjudicación de contratos relacionados con la pandemia (entre otras cosas, publicando con regularidad documentación sobre los contratos de adquisición pública en un sitio web del gobierno, junto con la convalidación ex post del cumplimiento, junto con los nombres de las empresas adjudicatarias y los nombres de sus propietarios efectivos), así como la publicación de un informe de auditoría externa independiente sobre el gasto relacionado con el virus una vez superada la crisis.
  1. Durante la epidemia, la prioridad de nuestras políticas radicará en hacer frente a los efectos sanitarios, sociales, humanitarios y económicos de la crisis. Por lo tanto, será necesario poner en práctica medidas sociales focalizadas tales como la complementación de los ingresos de los sectores más vulnerables, sin perjuicio de otros programas sociales prioritarios. Prevemos que aproximadamente un 1,2% del PIB estará dedicado al aumento del gasto sanitario; alrededor del 0,6% del PIB, a medidas de apoyo a los segmentos más vulnerables (incluidos ancianos, niños en edad de escolaridad primaria y discapacitados, así como subsidios dirigidos a hogares con menores ingresos); y un 1,3% del PIB, a pagos diferidos del impuesto renta las utilidades de las empresas. Compensaremos algunas de estas necesidades adelantando un recorte planificado de la inversión de nuestras empresas públicas equivalente a alrededor de un 0,8% del PIB, con lo cual el déficit global del SPNF aumentará a 7,3% del PIB en 2020 (frente al 6,6% del PIB contemplado antes de la pandemia del COVID-19). Asimismo, hemos identificado más ahorros de contingencia en gasto no prioritario que podrían implementarse en caso de que la crisis recrudeciera o de que nuestros pronósticos del ingreso fiscal resultaran optimistas. Aunque esto implicará una divergencia provisional respecto de nuestra trayectoria del gasto público contemplada, seguimos comprometidos con nuestro objetivo a mediano plazo ya anunciado de reducir el déficit fiscal a un rango entre 4,0 y 4,8% del PIB para 2022. Además, adoptaremos las políticas económicas y financieras necesarias para mantener la congruencia con la estabilidad macroeconómica y la sostenibilidad de la deuda pública a mediano plazo.
  1. Si bien las perspectivas son difíciles, seguimos comprometidos a mantener la estabilidad macroeconómica, promover la competitividad y el crecimiento, y brindar respaldo a los miembros más vulnerables de la población. Confiamos en que, con el apoyo de la comunidad internacional, nuestras operaciones fiscales estarán plenamente financiadas durante el curso de este año. De hecho, prevemos un financiamiento de emergencia por un valor de US$1.000 millones, de los cuales $US 700 millones serían suministrados por el Banco Interamericano de Desarrollo, y $US 300 millones por la CAF, durante el año venidero. Asimismo, de ser necesario y una vez superada la crisis sanitaria inmediata, estamos comprometidos a tomar medidas adicionales en materia de ingresos y gastos para que nuestra posición fiscal sea congruente con la disponibilidad de financiamiento y para afianzar la sostenibilidad constante de la posición de nuestra deuda pública.
  1. Además, el gobierno de Bolivia tiene la intención de mantener un diálogo abierto con el FMI para evaluar más a fondo soluciones a nuestras dificultades de balanza de pagos en las semanas y los meses venideros. Estamos comprometidos a dejar asegurada una estabilidad macroeconómica ininterrumpida y evitaremos toda medida o política que pueda acentuar estas dificultades. Bolivia cumplirá con las disposiciones del Convenio Constitutivo del FMI —incluidas las relacionadas con la imposición o la intensificación de restricciones a la realización de pagos y las transferencias por transacciones internacionales corrientes, o la institución de prácticas de tipos de cambio múltiples, o la concertación de acuerdos de pago bilaterales que contravengan nuestras obligaciones en virtud del Artículo VIII— e implementará políticas públicas dentro de ese marco. Asimismo, nuestra intención es evitar instituir nuevas restricciones comerciales por razones relacionadas con la balanza de pagos.
  1. En consonancia con la política del FMI en materia de salvaguardas, estamos preparados para colaborar con el personal técnico del FMI en la realización de una evaluación de las salvaguardas, suministrándole los últimos informes de auditoría externa del Banco Central de Bolivia. Asimismo, atenderemos toda necesidad de reuniones entre el personal técnico del FMI, el personal del Banco Central de Bolivia y los auditores externos. Dado que el financiamiento recibido del FMI será prestado al gobierno, se establecerá un acuerdo marco entre el gobierno y el banco central sobre las respectivas responsabilidades de servicio de las obligaciones de financiamiento ante el FMI.
  2. Las dificultades y la incertidumbre que encierra el futuro no tienen precedentes y pondrán a prueba nuestra determinación y cohesión social. No obstante, estamos decididos a lograr nuestros objetivos y prevemos que los esfuerzos del gobierno boliviano y el apoyo del pueblo boliviano nos permitirán dejar atrás esta crisis más fuertes y unidos como país. Solicitamos su apoyo en nuestros esfuerzos y por nuestra parte tenemos la intención de hacer lo que podamos para respaldar al FMI a fin de mitigar el impacto inevitable de esta pandemia en la economía mundial. Confiamos en que esta solicitud de asistencia financiera recibirá una pronta aprobación y deseamos poner de relieve nuestro agradecimiento por la celeridad y la determinación de las que ha dado muestra el FMI a la hora de responder a las necesidades de sus miembros.
  3. Autorizamos al FMI a publicar esta carta y la solicitud de compra en el marco del IFR. Atentamente,
/f/ Guillermo Aponte Presidente del Banco Central de Bolivia/f/ José Luis Parada Ministro de Economía y Finanzas Públicas

Registro de la deuda con el FMI en el Banco Central

Editor/Boya

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