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El ministro de Hidrocarburos, Víctor Hugo Zamora (I) toma juramento al nuevo presidente de YPFB, Richard Botello, el jueves 7 de mayo. (MH).

La Paz, 7 de mayo de 2020

Boya-News – Quince días después de que brotaran denuncias de corrupción millonaria en la gestión transitoria de YPFB, Herland Soliz fue echado el miércoles 7 de la presidencia de la petrolera estatal. Deja en el ambiente al menos cuatro grandes nubarrones de dudas, denuncias, medias verdades y señales de pugnas de poder en los más altos niveles del Gobierno transitorio de Jeanine Áñez.

El exSecretario de Hidrocarburos de la ahora oficialista gobernación de Santa Cruz había llegado el 16 de diciembre pasado a YPFB, en reemplazo de otro no más exitoso presidente de la empresa, José Luis Rivero, quien duró menos de un mes.

Soliz aguantó casi cinco meses, aunque podría quedar marcado por sus dos últimas semanas en el cargo, por la sucesión de aparentes irregularidades, desmentidos, una investigación y una denuncia penal desde el Ministerio de Hidrocarburos, con el cual nunca se llevó bien, y hasta una carta de renuncia “irrevocable” que firmó pero no llegó a presentar, en la que habría sido una salida más decorosa que su abrupta destitución.

Sus penurias finales comenzaron el 22 de abril con la primera denuncia pública del caso seguros y terminaron el 7 de mayo con su salida por la puerta trasera. Fue reemplazado por Richard Botello Hiza, un experto petrolero que trabajó en empresas extranjeras.

Las sombras

En la gestión de Soliz, YPFB, la empresa estatal más grande del país, no dejó de ser un ente cubierto por sospechas de corrupción que casi nunca terminan siendo confirmadas o desmentidas. Entre esas sombras destacan:

1. Caso “narcojet” – En la madrugada del 28 de enero, un jet ejecutivo en vuelo internacional aterrizó en el pequeño aeródromo de Guayamerín, Beni. Los viajeros no solo cargaron combustible sino también más de una tonelada de cocaína de alta pureza y, con el silencio cómplice de funcionarios de aviación civil, YPFB y de los agentes antinarcóticos, siguieron vuelo hacia México. Lo que no está bien explicado hasta ahora es por qué los servicios bolivianos, incluido YPFB, atendieron un vuelo internacional no autorizado.

Hay procesados por el caso -los de YPFB por la comercialización irregular de combustible- aunque no se conocen condenas.

2. Contrato de seguros – Es el caso que precipitó la caída de Soliz. Tras varios días de rumores, el asunto saltó a la escena política el 22 de abril cuando parlamentarios del MAS denunciaron una presunta contratación irregular de un seguro corporativo, mediante un proceso “de emergencia” amparado en un decreto de lucha contra la pandemia de covid-19.

Al día siguiente, 23 de abril, el ministro de la Presidencia, Yerko Núñez, (https://www.boya.news/ypfb-un-contrato-perdido-en-la-niebla-1/) admitió la existencia de un contrato cuestionado, aseguró que el Gobierno no avalaba esa forma de gestión pública y anunció que se había dado a YPFB la orden de que anule la contratación y reponga un proceso de licitación transparente. La petrolera replicó a las pocas horas asegurando que tal contrato no existía y que, por el contrario solo había decidido la ampliación del anterior contrato de seguros.

Las dudas quedaron flotando, hasta que la publicación de varios documentos evidenció que YPFB mintió, pues firmó un nuevo contrato de seguros y luego lo anuló para prolongar su trato con otra aseguradora. El siguiente es un recuento rápido de este caso, según se desprende de documentos publicados por YPFB y las aseguradoras:

– 7 de abril – YPFB amplía el plazo de la licitación regular en curso de nuevo seguro corporativo.

– 9 de abril – YPFB cancela el proceso de la licitación regular cuyo plazo había ampliado dos días.

– 10 de abril – YPFB emite comunicación internacional de que Credinform Internacional es la empresa designada, mediante contratación de emergencia, como nueva proveedora de seguro corporativo.

– 14 de abril – La Boliviana Ciacruz, contratista del seguro a punto de fenecer, desconoce la adjudicación hecha en favor de Credinform.

– 15 de abril – La Boliviana Ciacruz exige a YPFB que revierta la adjudicación directa en favor de Credinform y anuncia acciones legales.

– 20 de abril – YPFB da marcha atrás y comunica a Credinform que deja sin efecto el contrato de seguro con esa empresa.

– 21 de abril – YPFB amplía por 60 días el contrato con La Boliviana Ciacruz.

– 22 de abril – Parlamentarios del MAS denuncian la contratación de Credinform sin licitación.

– 23 de abril – El Gobierno dice que ordenó a YPFB dejar sin efecto la contratación de Credinform.

– 23 de abril – YPFB declara de inmediato que nunca tuvo contrato vigente con Credinform y asegura que sus actos se ajustaron a la ley.

El presidente de YPFB, Herland Soliz, defendió el 1 de mayo los contratos de emergencia firmados en su gestión. (www.ypfb.gob.bo).

(https://www.ypfb.gob.bo/es/informacion-institucional/noticias/1175-ypfb-actu%C3%B3-bajo-norma-y-con-transparencia-en-ampliaci%C3%B3n-de-seguros-e-importaci%C3%B3n-de-combustibles.html)

3. ¿Diésel con sobreprecio? – El 28 de abril el político y abogado Otto Ritter denunció que YPFB compró sin licitación un lote de diésel de la empresa United Corporation con oficinas en Panamá, avaluado en 150 millones de dólares, monto resultante de un precio referencial de 154 dólares el barril de crudo cuando el precio internacional ya se había desplomado a unos 20 dólares.

“Llama la atención no solo el sobreprecio sino quién toma la decisión, que no es el directorio ni el presidente de YPFB sino una licenciada responsable del proceso de contratación”, dijo Ritter a un canal de televisión.

El ministro de Hidrocarburos, Víctor Hugo Zamora, defendió entonces la operación señalando que tenía carácter preventivo y que hasta la fecha Bolivia no había recibido nada de ese cargamento de diésel, entre otras razones porque la demanda interna de combustibles había caído a causa de la cuarentena.

YPFB explicó el 5 de mayo que en realidad el precio del diésel comprado a la firma panameña era de 102 dólares el barril, de los cuales el 45 por ciento correspondía al combustible mismo y el 55 por ciento a la logística de importación. Expertos “observaron el elevado costo del transporte”, citó el diario El Deber.

4. Alimentos de primera – También a fines de abril varias publicaciones en redes sociales denunciaron otra contratación de emergencia aparentemente irregular: alimentación diaria para los trabajadores de YPFB.

Llamó la atención especialmente la alimentación tipo A contratada, con un costo diario de 416 bolivianos por trabajador: 110,11 bolivianos por desayuno, 127,24 bolivianos por almuerzo y 110,20 bolivianos por cena.

Con fotografías del correspondiente contrato con la empresa Newrest Bolivia Soporte, las redes mostraron que el servicio de alimentación tiene un costo de 8,9 millones de bolivianos, de los cuales 6,7 millones corresponden a alimentación regular, 806.000 a meriendas y cafetería y 1,3 millones a servicios de limpieza.

“Nosotros no nos inventamos esos precios, esos precios ya están regulados pos la Agencia Nacional de Hidrocarburos”, justificó Herland Soliz ante la prensa.

Editor/Boya.News

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